Fuerza del Pueblo somete demanda ante TSE; pide tomar medidas procuren pulcritud del cómputo electoral

TSE debe intervenir para impedir nuevo fiasco electoral

La Fuerza del Pueblo presentó este miércoles una demanda ante el Tribunal Superior Electoral mediante la cual se le solicita a dicho órgano jurisdiccional la urgente adopción de medidas que procuran preservar la pulcritud del cómputo electoral, en el marco del certamen democrático que será llevado a cabo el próximo 5 de julio. En dicha acción judicial, nuestro partido ha solicitado la reestructuración total de la Dirección de Informática de la Junta Central Electoral, y la designación de una dirección colegiada provisional, en la cual participen representantes de la Asociación Dominicana de Universidades, Inc. y de las coaliciones de partidos políticos que han presentado candidaturas presidenciales, así como de técnicos designados por veedores calificados de la sociedad civil.

Se trata de una demanda introducida por la vía del referimiento, debido al carácter perentorio que la situación reviste, habida cuenta de la cercanía de la fecha en la cual se llevarán a cabo las elecciones presidenciales y congresuales. Se apoya en el Informe Final de Auditoría que analiza las causas del estrepitoso fracaso en la organización de las elecciones municipales que fueran pautadas para el pasado 16 de febrero del 2020, las cuales tuvieron que ser suspendidas por el colapso del sistema de votación automatizada, y que fuera elaborado por un equipo de expertos designado por la Organización de Estados Americanos (OEA). Dicho informe de auditoría presenta conclusiones que resultan vinculantes para la Junta Central Electoral, de conformidad con el acuerdo arribado entre ese órgano administrativo y la OEA, dado a conocer en fecha 2 de marzo del 2020.

En el aludido informe de auditoría elaborado por el equipo de peritos de la O. E. A. se evidencia claramente la suprema irresponsabilidad y negligencia con que fuera conducido el frustrado proceso de organización de las elecciones programadas para el 16 de febrero. La imprevisión e incompetencia de los integrantes de la Dirección de Informática de la Junta Central Electoral tuvo como consecuencia la suspensión de la jornada de votación, situación que desencadenó un clima de tensión social sin precedentes en la historia reciente de la democracia dominicana. Asimismo, la manifiesta ineptitud de dichos funcionarios electorales le costó miles de millones de pesos al Estado, cuyos recursos provienen del bolsillo de los contribuyentes.

Es por eso que, en fechas 22 de abril y 5 de mayo del presente año, nuestra organización política, junto a sus fuerzas aliadas, elevó sendas instancias a la Junta Central Electoral, en las cuales se le solicitó a dicho organismo el conocimiento de nuestra solicitud tendiente a concretar la reestructuración del Departamento de Informática de esa entidad, sustituyendo a los responsables del descalabro verificado el pasado 16 de febrero. Sin observar lo que prescriben nuestras leyes vigentes en la materia, específicamente el artículo 16 de la Ley Orgánica Sobre Régimen Electoral (No. 15-19) y el artículo 28, párrafo II, de la Ley 107-13 sobre Derechos de la Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo, la Junta Central Electoral ha guardado silencio frente a tan legítimos pedimentos, mientras se acerca la fecha en la que llevaremos a cabo las elecciones presidenciales y congresuales.

Esta deplorable omisión de la Junta Central Electoral nos ha obligado acudir nuevamente ante el Tribunal Superior Electoral, en procura de generar las condiciones que permitan la celebración de las elecciones justas, transparentes y competitivas que promete nuestra Constitución. Apelamos a la sensibilidad y compromiso patriótico de los integrantes de ese órgano jurisdiccional, y esperamos que nuestro reclamo sea acogido, y así evitemos nuevas frustraciones que lastimen nuestro sistema democrático.